Hidrovía: la licitación “corta” podría implicar el ingreso de tres operadores distintos en un año

Tras la transición de un año, la compulsa definitiva extendería la concesión por 10 años. Mientras, la Cámara de Diputados de la Nación se apresta a sancionar la creación de una comisión de control.

28 de Junio, 2021

En la última semana, el gobierno nacional se aprestaba a terminar los detalles de una licitación corta de la hidrovía Paraná-Paraguay que le dé seguridad jurídica al operador privado que haga las tareas de dragado y balizamiento mientras se sustancia la licitación definitiva.

Según publicó el diario Tiempo Argentino, la solución no deja de ser engorrosa ya que podría implicar la presencia de tres operadores distintos en el lapso de un año, cuando en los últimos 25 hubo un único concesionario: Hidrovía SA, una invención de la belga Jan de Nul, especializada en dragados, y Emepa, firma local con intereses variados.

Hidrovía S.A. opera actualmente el servicio luego de que su contrato venciera a fines de abril, gracias a una prórroga que le extendió el Ministerio de Transporte por 90 días, que vencen el mes que viene. La licitación corta vendría a cubrir el bache entre este momento y la compulsa definitiva, que extendería la concesión por 10 años, como mínimo.

El tema es que, para cerrar ese lapso de transición, la empresa con más chances de ganar esa licitación corta es Hidrovía SA, una firma muy cuestionada por lo que se consideran sus incumplimientos contractuales.

En el Congreso

Luego de su aprobación en el Senado, un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados aprobó la formación de una Comisión Bicameral de Seguimiento, Control de la Licitación y Funcionamiento de la Hidrovía Paraguay-Paraná y del sistema de navegación troncal con jurisdicción en la República Argentina.

Se descuenta la aprobación de la bicameral de hidrovía en Diputados. Una vez que se conforme y dicte su propio reglamento, deberá tomar una decisión: si acompañar la iniciativa privatizadora del gobierno, en el sentido de que una empresa extranjera se quede con la concesión, para lo cual ejercería tareas de control, o reclamar la estatización de la actividad de dragado y el giro hacia el Tesoro de los ingresos del peaje, calculado en US$ 300 millones anuales.